Según un comunicado de CCOO, se perderán alrededor de 1.000 puestos de trabajo agrícolas anuales al quedar inutilizadas las tierras aneadas por el desbordamiento tóxico del río Guadiamar, a lo que hay que unir un número de empleos, difícil de calcular, por el efecto negativo que tendrá para la futura comercialización de los productos agrarios biológicos con la marca de calidad Doñana.

En el sector pesquero, el sindicato asegura que la necesidad de desviar el curso fluvial contaminado para evitar su llegada al corazón del parque afectará a medio centenar de barcos y a unos 300 empleos directos e indirectos. Añade que el sector turístio también se verá afectado.

Por último, advierte que si no se adoptan rápidamente unas pautas de comportamiento rigurosas con el medio ambiente, también la actividad minera podría verse comprometida."INTOLERABLE"

Comisiones Obreras exige a la empresa que asuma todas las responsabilidades económicas, administrativas y penales que se derivan del desastre, ya que "es intolerable que empresarios suecos tengan en nuestro país incumplimientos de la norma ambiental que jamás le dejarían realizar en u propio país, amparándose en la falta de vigilancia de las administraciones españolas".

Añade que las administraciones públicas "deben cesar inmediatamente de echarse las culpas unas a otras y asumir claramente sus responsabilidades".

En su opinión, el presidente de la Junta de Andalucía debería cesar inmediatamente a los consejeros de Industria y Medio Ambiente, y el Ministerio de Medio Ambiente, por su parte, debería cesar al secretario de Estado de Aguas y al presidente de la Confederación Hirográfica del Guadalquivir, "pues todas ellas son instancias que podrían haber evitado el desastre y no lo han hecho".

Por último, CCOO exige a la Unión Europea un mayor celo en la vigilancia del cumplimiento de las normas de conservación que emanan del ordenamiento jurídico comunitario "y que son sistemáticamente incumplidas por los gobiernos nacionales, especialmente en el caso español".