DOÑANA. LA AUSENCIA DE UNA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE DIFICULTARA EL COBRO DE INDEMNIZACIONES
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La laguna legal que crea la ausencia de una Ley de Responsabilidad Civil por Daños al Medio Ambiente dificultará la cuantificación de las indemnizaciones que deberán cobrar los damnificados por el vertido tóxico de las minas de Aznalcóllar.
Blanca Lloret, abogada especialista en derecho ambental y socia directora de Praxis Consultores de Medio Ambiente, declaró hoy a Servimedia que la existencia de esta norma habría facilitado la depuración de responsabilidades y la cuantificación de los daños.
Precisamente, la aprobación de una normativa de responsabilidad civil por daños al medio ambiente es uno de los compromisos que adquirió la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, para esta legislatura, aunque todavía no ha llegado al Parlamento el proyecto de ley.
Lloret señaló que en elcaso de Doñana existe una responsabilidad civil, ya que se han producido unos daños que afectan a unas poblaciones que, previsiblemente, reclamarán una indemnización. Según Isabel Tocino, que ha asegurado que el Estado es un damnificado por la catástrofe, la responsabilidad civil recae sobre la empresa.
Asimismo, Blanca Lloret echó en falta la existencia de una Fiscalía General de Medio Ambiente, ya que aseguró que este tipo de situaciones tienen la "envergadura suficiente" para justificar la creaciónde una fiscalía de ámbito estatal.
EL MAYOR DESASTRE ECOLOGICO
La especialista en Derecho Ambiental se mostró convencida de que "estamos ante el mayor desastre ecológico que se ha producido en España", y añadió que el título 16 del nuevo Código Penal regula profusamente el delito ecológico, previendo penas de hasta cuatro años de cárcel.
Entre las circunstancias delictivas que regula el nuevo Código se encuentra el depósito de residuos tóxicos y peligrosos que pueden resultar perjudiciales paralos recursos naturales o la salud pública.
Respecto a la posible responsabilidad de las administraciones públicas, Blanca Lloret manifestó que es difícil de determinar y de delimitar, ya que la normativa ambiental es "confusa" al especificar el reparto de competencias entre ellas.
(SERVIMEDIA)
06 Mayo 1998
GJA