Las mismas fuentes consideran que el Gobierno de la Junta que preside el socialista Manuel Chaves quiere hacerse con el dominio de la zona afetada, no sólo para su reconversión un "corredor verde", sino para evitarse el pago de indemnizaciones que puedan derivarse de la sentencia de este asunto.

Por ello, mañana presentarán ante la propia Junta un recurso potestativo contra su decisión. En el caso que, pasados 30 días, el Gobierno andaluz no conteste, el recurso pasaría a los tribunales, en la vía administrativa.

Asaja considera que las autoridades deben ayudar a los agricultores a recuperar los terrenos y recuerda que, según las muestas de nivel de toxicidad recogidas, el 80 por ciento de las tierras son recuperables mediante la utilización de determinados cultivos y abonos.

Los agricultores de la Vega del Guadiamar afectados por el decreto de expropiación consideran que la decisión de la Junta andaluza es inconstitucional y piden otras medidas "menos traumáticas" que les permitan mantener sus tierras.