A juicio de los abogados de estas organizaciones, las responsabilidades penales también afectan a los responsables de la Administración (Consejerías de Medio Ambiente e Industria y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) por "delito de prevaricación ecológica, ya que tuvieron conocimiento de muchas de las irregularidades cometidas y no actuaron para evitar el desastre".

En un comunicado de Aedenat, se indica que veinticinco letrados de ambas asociaciones ecologitas se reunieron hoy en Madrid para coordinar sus esfuerzos de cara a intervenir en el proceso penal abierto contra la empresa Boliden.