En concreto, desde las patronales de gasolineras y distribuidoras mostraron su preocupación por actividades como el fraude en el IVA o el incumplimiento en la incorporación de biocarburantes, un práctica que, además de ilegal, afecta al medioambiente.

A pesar de que valoran la actitud del Ministerio y la incorporación de medidas en el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, pidieron que se intensifiquen las labores de prevención, control y seguimiento de estas prácticas fraudulentas, así como la implementación de nuevas medidas más contundentes y eficaces o mayor rapidez en la capacidad de actuación contra aquellos que cometen el fraude.

Recuerdan, en este sentido, que es "crucial" fortalecer los mecanismos de control, aumentar las sanciones y promover un marco legislativo más estricto que proteja tanto a los consumidores como a los operadores y las estaciones de servicio.

Por último, recalcaron su compromiso para colaborar estrechamente con las autoridades y responsables públicos con el fin de erradicar estas prácticas fraudulentas, promoviendo la competitividad y sostenibilidad del sector.