Mientras los vocales nombrados a propuesta del PSOE y delPP no se ponen de acuerdo sobre la incidencia que el retraso en los nombramientos está produciendo, las asociaciones consideran que este dato es sólo una muestra más de la politización del máximo órgano de gobierno de los jueces.

Entre los partidos, sólo CiU ha mostrado interés, desde que se produjera la primera baja hace casi un año, por proceder a la elección de los nuevos consejeros y llegó a proponer incluso al instructor del "caso Planasdemunt", Luis Pascual Estivill, como uno de los candidatos, egún informaron fuentes judiciales.

Eligio Hernández, que fue nombrado a propuesta del PSOE, fue el primero en dejar vacante su plaza en abril de 1992 para desempeñar el cargo de fiscal general del Estado. Antonio Bruguera, vocal a propuesta de CiU, fue el segundo en abandonar "por razones personales" su puesto, mientras que otro de los consejeros del PSOE, Fernando Jiménez Lablanca, falleció las pasadas navidades.

Los vocales del Consejo, incluido su presidente, Pascual Sala, repiten que el temadepende del Parlamento y que el Consejo se limitó a comunicar las bajas, tal y como marca la ley, que sin embargo no establece un plazo fijo para cubrir esas vacantes.

Aunque públicamente no se muestran a favor o en contra de agilizar el proceso, fuentes del Consejo afirman que los vocales del PSOE desean la renovación antes de que se agote la actual legislatura, todo lo contrario que los del PP, partido que espera obtener una mayor representación parlamentaria en las próximas elecciones.

Esto suondría aumentar su representación en el Poder Judicial en su próxima renovación, prevista para 1995, por lo que a algunos, entre ellos Julio Padilla, vocal a propuesta del PP, no les sorprendería que las plazas quedaran vacantes hasta entonces.

"Sería complicado seleccionar candidatos cuando está próximo a cumplir la mitad del mandato del actual Consejo y, por otro lado tenemos la circunstancia evidente de que la legislatura se está terminando, aunque no sé hasta qué punto puede incidir", indicó.

Para Padilla, el nombramiento de los nuevos consejeros no deja de ser más o menos urgente, porque el número de vacantes no dificulta el quórum del pleno, ya que el PSOE, con 14 consejeros, sigue teniendo mayoría "y, salvo circunstancias excepcionales, la ausencia de tres vocales no causa ninguna interferencia en los resultados de las votaciones y, aunque hay más trabajo, la sensación no es de agobio".

POLITIZACION

Juan Alberto Belloch y Soledad Mestre, dos de los consejeros nombrados a propuesta delPSOE, señalan sin embargo que "es necesario que se cubran las plazas". Para Mestre, de ser ciertas las suposiciones de que la designación de las vacantes dependen de la legislatura, "no lo consideraría acertado porque iría en detrimento del órgano de gobierno de los jueces, que daría la impresión de estar regido por criterios exclusivamente partidistas".

Sin embargo, la vocal no es partidaria de reformar el actual sistema de elección parlamentaria para evitar la politización de la Justicia, como defieden entre otros el vicepresidente del Consejo, José Luis Manzanares, porque "para los vocales supone una gran satisfacción personal haber sido elegidos por el Parlamento y contar con la confianza de los representantes del pueblo español".

Las asociaciones de jueces son más explícitas al respecto. Para la Unión Judicial Independiente (UJI), el retraso es una muestra más de la politización del Consejo, "que tiene limitadas sus funciones a la actividad disciplinaria y no resulta de gran transcendencia paa el funcionamiento de la Justicia".

Según el presidente del asociación, Juan Esteve, si el PSOE no ha propuesto candidatos es porque no está interesado en cubrir las vacantes "y el PP evidentemente tampoco, aunque esto último coincide más con la lógica".

Lo que Esteve dice "no entender muy bien" es por qué el PSOE no ha promovido los nuevos nombramientos. "Quizá no le interese por la actual fricción que existe con el Consejo, desde que el pleno hizo públicos varios comunicados criticando las decaraciones de varios ministros contra actuaciones judiciales".

La Asociación Profesioonal de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera, tampoco ve nada anormal en el retraso en cubrir las vacantes, según su portavoz Angel Calderón.

"El equilibrio interno no se ha roto y, por otra parte, cubrir todas esas plazas implicaría la necesidad de renovar los pactos entre partidos y, en estos momentos, es lógico que el PP no transija en nada".