Al comienzo de la reunión del Consejo, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, explicó que este órgano debate hoy también el texto normativo que establece un sistema arbitral que permita resolver los conflictos en los que intervengan personas con discapacidad y el que regula las unidades de apoyo a la actividad profesional de los centros especiales de empleo.

En próximas reuniones, el Consejo de la Discapacidad discutirá los reales decretos de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en los diferentes ámbitos de la vida.

"Sin duda, todavía nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar las metas marcadas", pero "el Gobierno está convencido de que al final de la legislatura, el panorama legislativo en materia de discapacidad habrá dado un vuelco y podrá significarse entre los más avanzados de los países de nuestro entorno", señaló Caldera ante el Consejo de la Discapacidad, creado ahora hace un año.

Uno de los avances que hará progresar a España en este sentido será la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que, según Caldera, "comenzará su andadura antes de que acabe este año".

Pero, añadió el ministro, la igualdad de oportunidades "no sólo exige un esfuerzo en el plano normativo, que es esencial, sino que también es necesario contar con un esfuerzo colectivo que contribuya a acercar los problemas reales de las personas con discapacidad al conjunto de la sociedad", lo que, a su vez, redundará en la plena integración de este colectivo.

El titular de Asuntos Sociales señaló también que el proyecto de ley por el que se reconoce la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas "se encuentra pendiente sólo ya del informe del Consejo de Estado para su posterior remisión a las Cortes Generales.

Caldera recordó que el próximo año los presupuestos para Servicios Sociales crecen un 15,5% con respecto a 2005 y que, de ellos, una partida importante se destinará a cofinanciar programas con las comunidades autónomas para impulsar la ampliación de la red de centros y de servicios de atención a la dependencia.

Los programas destinados a personas con discapacidad se incrementan en los presupuestos de 2006 en un 78% y el Gobierno aportará 24 millones de euros a la eliminación de barreras arquitectónicas y virtuales de las ciudades españolas.