Lo hizo a través de un comunicado en el que recordaron que un total de 3.305.073 españoles (un 7% de la población de España) sufren graves carencias materiales, según la tasa Arope.

Ante esta situación, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las ayudas sociales que proporcionan las entidades locales, especialmente los ayuntamientos, son los recursos de que disponen estas familias para cubrir sus necesidades básicas.

Los directores de servicios sociales denunciaron el “entramado burocrático, innecesario y cruel que dificulta a cientos de miles de familias” acceder al IMV, lo que provoca que este recurso únicamente llegue a 428.000 hogares de los 850.000 que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consideraba como potenciales perceptores.

Del mismo modo, las ayudas para atender las necesidades más básicas (alimentación, vestido, alquiler, suministros del hogar) alcanzaron en 2020 a 1.428.216 personas, un 43,2% del total de individuos con graves dificultades materiales, con grandes diferencias por territorios en esta cobertura.

En ese sentido, los directores de servicios sociales reconocieron que “son muchas las entidades locales que han incrementado sus presupuestos destinados a ayudas de urgente necesidad en los dos últimos años”, pero deploraron que los procedimientos burocráticos y la “rigidez” de las intervenciones municipales “limitan el acceso o retrasan el cobro y, por tanto, la eficacia de las ayudas”.

Destacaron que la “estricta interpretación” de la norma que considera estas ayudas como subvenciones es una de las causas de esta situación, lo que les permitió llamar a “modificarla o interpretarla de manera menos rigurosa”.

Por todo ello, los directores de servicios sociales “imprescindible y urgente” modificar la referida norma para que las ayudas sociales queden excluidas de la Ley General de Subvenciones para acelerar su concesión, y conminaron a la Intervención General de la Administración del Estado a enviar una instrucción a los interventores municipales para que “agilicen las ayudas económicas de urgencia”.