El texto se ha elaborado con el asesoramiento técnico y jurídico de AISGE, la entidad de los actores y bailarines españoles que preside Pilar Bardem.

Ambos organismos trasladarán el borrador a los partidos con el propósito de promover "un gran pacto de Estado por la cultura que permita el desarrollo del sector teatral en España".

El texto, repartido en nueve títulos y 45 artículos, aboga por el compromiso de los poderes públicos para con el teatro.

El artículo 12 dice que las diferentes administraciones deberán "dotar a las ciudades, pueblos y entidades de población de un número suficiente de teatros, salas y auditorios conforme a las necesidades del sistema teatral". Del mismo modo, esa renovada red de teatros habrá de poner en marcha "programas de captación y formación de públicos".

El borrador persigue, ante todo, "la promoción y desarrollo del teatro" y una política teatral que fomente "la formación integral de la ciudadanía" y también "de los trabajadores de las artes escénicas" (artículo 8).

"Ya hemos hablado con los portavoces parlamentarios del PSOE y el PP", adelantó Hormigón, "y sólo esperamos que el teatro no se convierta en un elemento para la confrontación, sino para el consenso. Toda la comunidad teatral velará por que así sea".

Por su parte, el director general de AISGE destacó como "insólito" que España aún no se haya dotado de una ley de estas características. "Nos encontramos ante un sector absolutamente huérfano. El texto que hoy damos a conocer pretende abrir un debate y marcar unas directrices mínimas para su desarrollo por parte de las diferentes Comunidades Autónomas".

El articulado que han preparado los directores de escena y AISGE reclama "un papel preeminente del teatro en la sociedad actual".

Sugiere a las administraciones públicas "la convergencia teatral con otros países de nuestro entorno cultural, geográfico o político", por entender que el teatro goza de un tratamiento mucho más favorable en la mayoría de países europeos.

Por último, las bases también contemplan que la futura Ley del Teatro permita el desarrollo "de otras normas de carácter local, autonómico y estatal", puesto que la realidad escénica tiene repercusión sobre las competencias de las distintas administraciones territoriales. "El teatro", resumió Abel Martín, "ha de ser considerado como un servicio público, para que sean las administraciones quienes se involucren y establezcan los mecanismos necesarios para su promoción y desarrollo".