Según indicaron fuentes judiciales, esta declaración sólo sirvió para ampliar algunos detalles de las ya realizadas por las mismas personas sobre el caso, aunque hoy estuvo presente el fiscal jefe del TSJC, Carlos Jiménez Villarejo.

El magistrado investiga la presunta relación entre la cancelación de un aval otorgado a una empresa familiar del consejero de Industria de la Generalitat, Antoni Subirà, y la recalificación de unos terrenos comprados or Massot, por parte de la Generalitat.

El empresario explicó en su anterior declaración ante el juez, el pasado 16 de enero, que compró a Ramon Torrellas, cuñado de Subirà, una finca que tenía en Mataró (Barcelona) y que con ese dinero pagó una deuda de 58 millones de pesetas que las empresas familiares del consejero de Industria habían contraido con la desparecida Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC).

Este organismo concedió en 1981 un aval a las empresas Puntextily Subirà y Cia, que posteriormente quebraron.