Santolaya, quien ya remitió a los diputados un amplio dossier informativo sobre los aspectos de su gestión, justificó la existencia de subvenciones públicas a los partidos en su "precaria" situación económica y en la imposibilidad de subsistir exclusivamente con las cuotas de sus afiliados.

El director general de Procesos Electorales, departamento de reciente creación surgido a raíz de la fusión de los ministerios de Justicia e Interior, puso de relieve que el órgano que preside tiene un carácte reglado, cuya finalidad es pagar las subvenciones establecidas por ley a los partidos políticos.

En este sentido, subrayó que su departamento no ha recibido ninguna reclamación sobre la distribución de esos fondos públicos, salvo una presentada por Izquierda Unida (IU) y PNV sobre las cantidades correspondientes a sus partidos en concepto de subvenciones por buzoneo electoral.

Por otra parte, Santolaya aludió a los varios de miles de partidos registrados oficialmente (hay hasta 11.000 siglas difrentes) e hizo un llamamiento a la reflexión para distinguir lo que es un partido político de lo que es un "simple grupo de amigos" de carácter inoperante.

Sobre este punto, hizo hincapié en que su dirección general carece de mecanismos legales para evitar la proliferación de colectivos de escasa implantación y representatividad. Puso el ejemplo de un partido de extrema derecha registrado hace pocas semanas, que utiliza como símbolo la bandera nacional con las iniciales del partido en medio de la ensea.

Santolaya explicó que la vigente ley electoral prohíbe la participación de partidos que utilicen la bandera nacional, aunque dijo que él se vio obligado a registrar oficialmente a esa formación, aunque advirtió de la situación a la Junta Electoral Central (JEC).

La sesión de hoy de la comisión de financiación de partidos contó con la ausencia de la parlamentaria de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Pilar Rahola, y la del representante del PNV, José Juan González de Txabarri. En la próxia reunión comparecerán varios representantes del Tribunal de Cuentas.