En declaraciones a Servimedia, Delgado dijo que estosescándalos han provocado una división de opiniones entre quienes creen que harán bajar la sensibilidad fiscal y los que consideran que las medidas adoptadas harán que aumente la sensación de temor al fisco y el cumplimiento voluntario, aunque agregó que "yo no creo ni lo uno ni lo otro y además espero que no pase ni lo uno ni lo otro".

"El escándalo social no puede traducirse nunca en una llamada general al caos y al desconcierto", afirmó Delgado, quien agregó que la actual campaña del impuesto sobre a renta se va a desarrollar "normalmente".

A su juicio, con las medidas judiciales adoptadas en esos casos, como la prisión de Rubio, los españoles tendrán la conciencia de que la investigación tributaria y la judicial "es capaz de descubrir estos temas y perseguirlos".

Delgado no pudo cuantificar el número de personas que ya han presentado su declaración de la renta, dado que hasta el próximo 30 de mayo las entidades financieras a través de las que se presenta la "inmensa mayoría" de las declaraiones no comunicará a la Agencia Tributaria los ingresos.

No obstante, dijo que desde que comenzó la campaña del IRPF, las declaraciones cumplimentadas a través del sistema PADRE se han incrementado "aparatosamente" en lo que va de año, aumentando hasta el pasado jueves en un 80 por ciento respecto al mismo periodo de 1993.

Por otra parte, Delgado se mostró partidario de que los jueces tengan una mayor formación y especialización en temas fiscales, así como de una reforma procesal que evite el "epantanamiento" que actualmente se produce en los casos de procesos judiciales masivos.

"Nuestras leyes procesales no están previstas para procesos judiciales masivos" y esto "en los sumarios por facturas falsas ha sido el gran problema", indicó Delgado.

En su opinión, el problema no es tanto que actualmente exista sólo un juez encargado de los grandes delitos monetarios, en referencia a Miguel Moreiras, "como que nuestros procedimientos a lo mejor no están adecuados para casos como el de las cesines de crédito en la Audiencia Nacional, donde el número de inculpados posible es enorme", insistió.

Según datos recogidos en la memoria de 1993 de la Agencia Tributaria, durante el pasado año los tribunales dictaron un total de 39 sentencias por delito fiscal, de las que 32, el 82 por ciento, fueron condenatorias y tan sólo 7 absolutorias, lo que indica, a juicio de ese organismo, una estrecha adecuación en las actuaciones inspectoras a los criterios de los tribunales.

El número de resoluciones udiciales de ese tipo se ha ido incrementando progresivamente desde 1989, año en el que hubo sólo 7 sentencias, de las que 2 fueron condenatorias. Al año siguiente, aumentaron a 18 y de ellas 15 terminaron en condena, pasando a ser 28 sentencias en 1991, 21 de ellas condenatorias, y 32 en 1992, de las que en 12 el resultado fue la absolución.