López Revuelta, que no admitió preguntas en la conferencia de prensa que ofreció en la sede del PSOE de Cantabria en compañía de la secretaria de Política Institucional del partido, Rosa Inés García, arremetió contra la Administración de Justicia y el ministerio fiscal, que, a su juicio, "han quebrantado gravemente los derechos fundamentales de las personas".

Según el dimisionario, "el fiscal del TribunalSupremo inexplicablemente ha quebrantado la unidad de acción que exige el ministerio fiscal", recordando en este punto cómo el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Lucio Valcarce, pidió en cinco ocasiones el archivo de este caso y durante la vista oral celebrada en mayo de 1993 en Santander, en la que fue absuelto, no pidió pena alguna.

La sentencia, dada a conocer en la tarde de ayer por el Supremo, condena, además de a José Ramón López Revuelta, a otros tres ediles socilistas del Ayuntamiento de Laredo a la misma pena de inhabilitación, mientras que absuelve a otros tres concejales del PSOE.

Los hechos juzgados tienen su origen en la concesión de las licencias de obras y ocupación a la empresa Edibilsa, que edificó un apartahotel y en cuya construcción se cometieron diversas irregularidades permitidas por el equipo del Gobierno municipal presidido por López Revuelta, que, según el fiscal del Supremo, supusieron a esta compañía una ganancia de más de 1.000 millones d pesetas.

López Revuelta explicó también que aunque la sentencia no le obliga a ello, su renuncia afecta también a su escaño como diputado regional en el Parlamento cántabro.

CONMOCION EN EL PSC-PSOE

La sentencia contra el alcalde de Laredo ha supuesto un duro golpe para el PSC-PSOE, que en todo momento ha mantenido un total apoyo a la labor urbanística desarrollada por López Revuelta en sus más de 11 años al frente de este Ayuntamiento.

La secretaria de Política Institucional del partido,Rosa Inés García, destacó la inmediata disposición de los políticos afectados por la sentencia para presentar su dimisión "sin necesidad de hacer una sola indicación", pero tuvo duras palabras para el Supremo.

García aseguró que "en un estado de derecho los jueces tienen la última palabra, aunque no siempre la razón", para afirmar que "se trata de un error administrativo, realizado sin mala fe, que al entendimiento de varios tribunales no constituye delito, pero que al entendimiento del Tribunal Supreo sí. Acatamos esta sentencia, aunque sin compartirla".

La dirigente socialista cántabra anunció que esta misma tarde se reunirá el PSOE de Laredo para designar a los miembros del partido que sustituirán a los ediles condenados y cerrar la crisis abierta en este Ayuntamiento, donde los socialistas tienen 10 de los 17 concejales que forman la corporación.