Así lo explicó a Servimedia, Daniel Portero, responsable de Dignidad y Justicia, quien valoraba de esta forma que la Abogacía del Estado y la Fiscalía hayan expresado su criterio de que es mejor hacer frente a esta situación por la vía contencioso-administrativa.

En concreto, este pasado martes se conoció un informe de la Abogacía del Estado sobre el caso de una plaza de Hernani (Guipúzcoa) dedicada al etarra José Manuel Ariztimuño. En este informe se argumenta que debe actuarse por la vía administrativa y no la penal para que esta mención al terrorista desaparezca.

Esta tesis es rechaza por la asociación Dignidad y Justicia, que tiene planteadas nueve querellas contra alcaldes que mantienen calles o plazas con el nombre de etarras. En concreto, este colectivo se ha querellado contra los primeros ediles de Hernani, Tolosa y Zizurkil, en Guipúzcoa; Amorebieta, Durango, Arrigorriaba, Etxebarri y Lejona, en Vizcaya, y Etxarri-Aranaz, en Navarra.

"CLARO DELITO"

La mayoría de estas localidades cuentan con alcaldes del PNV, en concreto esto sucede en Tolosa, Zizurkil, Amorebieta, Durango, Arrigorriaga, Etxebarri y Lejona. Por su parte, el alcalde de Hernani es de ANV, mientras en Etxarri-Aranaz el máximo responsable municipal es de Nafarroa Bai.

Sobre cómo pueden eliminarse las menciones a etarras en las calles de estas localidades, Portero argumenta que son "absolutamente compatibles" las vías administrativa y penal, ya que "una cosa es la retirada de placas y otra cosa es el delito que se ha cometido".

En este sentido, el responsable de Dignidad y Justicia explicó que, a juicio de su asociación, los alcaldes que mantienen calles con el nombre de etarras han cometido el delito tipificado en el artículo 578 del Código Penal. Este artículo contempla penas de uno a dos años de prisión para los actos que "entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares".

A este respecto, Portero sostuvo que los responsables municipales que no retiran los nombres de etarras de las calles han cometido un "claro delito" por omisión, ya que deberían modificar inmediatamente la denominación de estas vías públicas.