La organización, que se dedicaba también al tráfico de personas, prometía a las víctimas ofertas de trabajo fraudulentas para regularizar su situación, a cambio de importantes cantidades económicas.

Entre otras actividades, los detenidos creaban empresas fantasma con apariencia real y captaban extranjeros, tanto en España como en otros países, a los que engañaban y a los que exigían entre 3.000 y 6.000 euros.