Según informó el Ministerio del Interior, la investigación se inició al detectarse un aumento de ciudadanos bolivianos en vuelos procedentes de Bolivia, Argentina y Brasil que pretendían entrar en España haciéndose pasar por los titulares de los documentos que portaban.

Para ello, ciudadanos españoles o residentes en España cedían sus pasaportes a nacionales bolivianos con similitudes físicas para que pudieran burlar el control fronterizo en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Los pasaportes utilizados de manera fraudulenta eran enviados a Bolivia a través de un tercero y se abonaba una cantidad económica acordada entre el benefactor y el usurpador. Cuando lograba cruzar el puesto fronterizo devolvía el pasaporte a su titular y finalizaba el pago, que podía oscilar entre 1.000 y 10.000 dólares estadounidenses.

En el caso de que el usurpador fuera descubierto en frontera, se le denegaba la entrada en España y pasaba a la sala de retornados a la espera de ser devuelto a su país en el próximo vuelo. En ese momento, avisaba al titular del documento de viaje para que pusiera inmediatamente una denuncia por sustracción o pérdida y no fuera descubierta la trama.

Las personas implicadas en la trama se encontraban en distintos puntos de España, lo que requirió desplegar un operativo en diez provincias en las que se detuvo a los responsables de la red. En concreto, diez en Madrid, siete en Granada, tres en Murcia, dos en Islas Baleares, dos en Vizcaya, uno en Cuenca, uno en Las Palmas, uno en Navarra, uno en Málaga y otro en Albacete. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.