Las investigaciones policiales han determinado que el fraude fue posible por la actuación de dos funcionarios del INEM que se dedicaban a la introducción de información en las bases de datos del instituto.

El procedimiento consistía en introducir datos de personas para que figuraban como perceptores de prestaciones de desempleo, para o que utilizaban números de afiliación a la Seguridad Social imaginarios o correspondientes a otros sujetos.

Según las primeras estimaciones, la cantidad defraudada en 1991 por los ocho detenidos asciende a unos 14 millones de pesetas, pero la policía calcula que el importe total desde que comenzó a ponerse práctica, hace varios años, puede alcanzar los 80 millones.

El fraude fue detectado por la Dirección Provincial del INEM en Barcelona, que lo puso en conocimiento de la policía, quien también a incautado, como consecuencia de la operación, dos automóviles y dos motocicletas.