El fraude cometido por esta red en la Unión Europea entre los ejercicios fiscales de los años 2000 a 2005 podría superar los 70.000.000 euros.

La operación "Espíritu/Senda" se inició a raíz de los datos obtenidos en la documentación intervenida por la Guardia Civil en las operaciones "Bacia" y "Notify", llevadas a cabo en 2002 y 2003 tras las investigaciones iniciadas por la Agencia Tributaria sobre delitos contra la Hacienda Pública por eludir impuestos especiales relacionados con los alcoholes, señaló el comunicado.

Durante el transcurso de las tres fases de la operación han sido detenidos un total de 43 integrantes de la red, ocho de ellos en esta última fase, como presuntos autores de delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos y contrabando.

La operación "Espíritu/Senda" afecta a más de 1.300.000 litros de alcohol. Se han intervenido más de 2 millones de cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas, así como 1.200 kilos de picadura de tabaco y 100.000 litros de alcohol. Además, se han encontrado 100.000 precintas falsificadas para su utilización en bebidas derivadas del alcohol y abundante documentación y soportes informáticos que están siendo analizados.

La red desmantelada utilizaba distintos procedimientos según el producto con el que comerciaban y defraudaban a la Hacienda Pública. En el caso del alcohol, la organización dirigida por el portugués F.D.C.V., se valía de diversos testaferros y empresas ficticias en España y Portugal para falsificar en los documentos aduaneros el trayecto que seguía la mercancía.

El alcohol circulaba por distintos depósitos fiscales españoles hasta llegar a unas destilerías de Navarra, donde desaparecía su rastro documental. Se ha investigado la implicación de destilerías y depósitos ubicados en Castilla La Mancha, La Rioja, País Vasco y Navarra.

En realidad, aclaró el comunicado, el alcohol era desviado a países del norte de Europa, como Suecia y Alemania, documentándolos como productos agrícolas y, en ocasiones, ocultos en transporte de este tipo de mercancías (agrícolas), eludiendo así el pago del impuesto especial con el que este producto está gravado por la Hacienda Pública.

Durante el período en el que se produjo el fraude, 2000/2005, cualquier industria del sector que adquiriese el producto legalmente debía abonar en concepto de impuestos especiales unos siete euros por litro de alcohol. Al ser adquirido de forma ilegal, podía competir deslealmente en el sector, obteniendo ilícitamente importantes beneficios económicos en perjuicio de las empresas que lo adquirían legalmente.