Según informó este viernes la Policía, el dispositivo informático disponía de potentes elementos de refrigeración y ventilación para su funcionamiento. Se han intervenido 22 equipos con un valor aproximado que superaría los 50.000 euros.

Los ordenadores eran dedicados en exclusiva al minado de Bitcoin y se estima que tenían un valor aproximado de más de 31.500 euros, al tiempo que aportaban a sus propietarios un beneficio mensual de 2.500 euros

Las investigaciones policiales comenzaron sobre una posible plantación de marihuana interior que podría estar localizada en unas caballerizas en Santiponce. Realizadas las primeras indagaciones, los agentes se percataron de que los indicios existentes no se correspondían con el cultivo de marihuana, sino que en dichas instalaciones podría estar albergándose una granja de criptomonedas de las que apenas se tienen registros en España.

EN PREPARACIÓN

Con esta información, se procedió a la entrada y registro de las caballerizas, donde los agentes descubrieron unas modernas instalaciones destinadas al minado de criptomonedas. En este lugar intervinieron 21 equipos ASIC, dedicados en exclusiva al minado de Bitcoin, estimándose su valor aproximado por encima de los 31.500 euros, y calculándose que podrían aportar un beneficio mensual de 2.500 euros.

También se encontró un equipo de minería RIG, utilizados igualmente para el minado de criptomonedas, pudiendo tener un valor aproximado de 13.000 euros y que pudiera generar unos beneficios de 1.000 euros mensuales.

Para el mantenimiento de los equipos intervenidos, y dada las elevadas temperaturas que se generan, utilizaban sistemas de refrigeración y potentes ventiladores industriales destinados a desplazar el aire caliente hacia el exterior. Fuera del local se localizó un enganche ilegal a la red eléctrica para alimentar los equipos, observándose un consumo de amperios muy elevado, lo que, según técnicos de la compañía eléctrica, podrían generar una defraudación de electricidad mensual de 2.000 euros.

Los investigadores que están analizando el material intervenido para identificar a los responsables de estas instalaciones creen que dichas actividades se encontraban en una fase temprana de funcionamiento, motivo por el que la intervención policial habría desmantelado la actividad antes de resultar rentable para la organización.