Según informó este lunes el Instituto Armado, en la 'Operación Índalo 85' han sido detenidos los tres responsables de la empresa y se investiga a un cuarto por delitos contra la salud pública.

La investigación se inició a mediados del año pasado, a raíz de la inspección de una plantación de supuesto cáñamo industrial situada en una finca de Tíjola (Almería). Los agentes localizaron allí un cultivo de 622 plantas de cannabis en avanzado estado de floración, vigiladas con cámaras de caza y ocultas entre una plantación de maíz.

Seguidamente fue localizado en los alrededores el secadero del cultivo en una construcción abandonada y tapiada casi en su totalidad, donde hallan las partes floradas de las plantas colgadas para su secado y el resto (el tallo) desechado en el exterior.

La persona responsable del cultivo explicó a los investigadores que se dedicaba a la producción de cáñamo industrial para una empresa con sede en Cáceres. Tras el hallazgo del secadero de los cogollos, el desecho de los tallos y la no existencia de semillas, la Guardia Civil procedió a la detención de este cultivador de cáñamo.

USOS LEGALES DEL CÁNAMO

Asimismo, la empresa investigada pretendía comprar el cultivo y para ello llegaba a acuerdos con productores españoles de cáñamo industrial, consistentes en la adquisición de las cosechas completas para trasladar las plantas enteras a terceros países. Una vez en el extranjero, extraían los cogollos y derivados de CBD para su posterior venta. Los investigados también ofrecían servicios de asesoramiento, suministro de semillas y germinación.

El cultivo de cáñamo está permitido si es destinado exclusivamente a fines industriales, es decir, aquellos cuyo destino sea la producción de fibra o semillas, de forma que es ilícita la manipulación “secado, envasado, venta, etc.” de las sumidades floridas. También está permitido con autorización expresa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para fines científicos, médicos o de investigación.

Durante el transcurso de la operación, la Benemérita llevó a cabo la inspección y registro de tres propiedades en la provincia de Cáceres, donde se intervienen las muestras del cannabis y hachís, 2.200 gramos de cogollos y numerosa documentación y dispositivos electrónicos.