El objetivo de la ley, según consta en la exposición de motivos del anteproyecto, es "incrementar la eficiencia en el funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades de icorporación al mismo", en línea con lo acordado por los países miembros de la UE.

Según el anteproyecto de ley, "las políticas de empleo deben funcionar como instrumentos incentivadores para la incorporación efectiva de los desempleados al mercado de trabajo, incentivando la búsqueda activa de empleo y la movilidad geográfica y funcional".

Los parados que suscriban el compromiso de actividad podrán acceder de forma prioritaria a los servicios que ofrecerá el nuevo Inem, que "ordenará un itinerari de inserción laboral individualizado, de acuerdo con las circunstancias profesionales y personales del desempleado".

La labor del servicio público de empleo estatal será "informar y orientar hacia la búsqueda activa de empleo"; "cualificar para el trabajo"; "facilitar la práctica profesional"; "fomentar el empleo y el autoempleo"; "promover la creación de actividad que genere empleo"; y "fomentar la movilidad geográfica".

Todas estas medidas, señala la memoria económica, va a requerir una actuacón "más intensa por parte de los servicios públicos de empleo", por lo que se "considera necesario un incremento en los gastos de funcionamiento que se detalla a continuación".

Esta es la única medida que supondrá un incremento de coste para el Estado, ya que hará falta un incremento de los efectivos del Inem, la creación de la red de interconexión de los servicios públicos y una atención más personalizada para los desempleados.

Asimismo, se abre la posibilidad de que instituciones privadas colabren en la gestión y búsqueda de puestos de trabajo para los desempleados, lo que deberán hacer "con respeto al ordenamiento jurídico y a la normativa específica que, en su caso, les sea de aplicación".

CONTRATO INSERCION

En el anteproyecto de Ley de Empleo se regula la figura del contrato de inserción, que había quedado excluida del decreto de reforma del sistema de prestaciones por desempleo.

Con la propuesta, dicha modalidad contractual se extiende a la empresa privada, aunque seguirá generano derecho a desempleo, en contra de lo que denunciaron en su día los sindicatos.

Hasta ahora, el contrato de inserción sólo podía ser realizada por las empresas públicas o por instituciones privadas sin ánimo de lucro.

Con la reforma, cuyos textos se remitieron ayer al Consejo Económico y Social (CES) para la elaboración en 15 días de un dictamen sobre los mismos, se crea un Sistema Nacional de Empleo, por el que se entiende "el conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promovery desarrollar la política de empleo. Este sistema estará integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de las comunidades autónomas.

COMPETENCIA ESTATAL

El Estado se reserva "la competencia exclusiva sobre la legislación laboral y las bases y la coordinación de la planificación general de la política de empleo". La ejecución de las políticas activas de empleo se reserva para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales cuando afecte a más una comunidad o cuando no haya ido transferida.

La ley deja a la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales la coordinación y cooperación entre la Administración Central y las autonómicas en materia de empleo, mientras que las corporaciones locales tendrán una labor de colaboración.

El Sistema Nacional de Empleo será el encargado de crear un sitio común en red telemática que permita el conocimiento por los ciudadanos de las ofertas, demandas de empleo y oportunidades de formación existentes en todo el territorio nacional y en l que conforma el Espacio Económico Europeo.

El Servicio Público de Empleo Estatal se financiará con la cuota de desempleo, la de formación profesional, fondos procedentes de la UE, rendimientos de su patrimonio y aportaciones del Estado.

Los servicios de empleo de las comunidades autónomas tendrán como competencias la colaboración con el servicio estatal para la elaboración del plan de trabajo del sistema nacional de empleo, la ejecución de éste en su ámbito territorial y las competencias que lesean atribuidas por los órganos de Gobierno autonómicos.

Todo este paquete de medidas no contempla un aumento del gasto ni de los ingresos. "Indirectamente, a través de la mejora del empleo, los ingresos públicos se verán afectados positivamente, pero la magnitud es difícilmente cuantificable".