Los líderes sindicales se han negado a poner su texto sobre la mesa de negociación y quieren limitarse a demostrar a la opinión pública que, en contra los mensajes del Gobierno, los sindicatos sí tienen una alternativa.

El Gobierno ya ha criticado que los sindicatos hagan pública una propuesta que no pueden presentar en la mesa de diálogo. "No tiene mucho sentido", dijo el minisro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, que una alternativa que se presenta a los medios de comunicación no pueda llevarse a una negociación con el Gobierno.

Pese a ello, Méndez y Fidalgo quieren demostrar que los sindicatos, aunque no quieren negociar la propuesta del Gobierno, sí tienen una idea de cómo reformar el seguro del paro.

Es un paso más en el enfrentamiento con el Gobierno, que alcanzará su punto más intenso con la posible huelga general del próximo 20 de junio, que amas centrales sindicales convocarán previsiblemente el 23 de mayo.

CUATRO EJES

Según informaron a Servimedia fuentes sindicales, su propuesta girará sobre cuatro ejes: mejora de la cobertura por desempleo, ampliar el acceso al subsidio, aumentar la inversión en políticas activas y reformar la Ley Básica de Empleo para modernizar los servicios públicos de empleo.

Sobre el primer punto, CCOO y UGT quieren ampliar la cobertura de la protección por desempleo, ya que, según los últimos datos oficiale del Gobierno, el 40 por ciento de los desempleados no recibe ningún tipo de ayuda.

Pero además de extender el cobro del paro a nuevos colectivos, los sindicatos también abogan por aumentar la cuantía de la prestación, para lo que proponen que se reduzca la diferencia entre el salario y la prestación, que actualmente es del 30 por ciento.

Asimismo, la alternativa de Fidalgo y Méndez propondrá una extensión del subsidio por desempleo a nuevos colectivos. Esta ayuda, fijada en el 75 por ciento del alario mínimo (unos 330 euros), la perciben actualmente personas que quedan en paro y tienen responsabilidades familiares, mayores de 45 años, ex reclusos y otros colectivos con importantes necesidades.

Los sindicatos también demandan en su alternativa, que resume las propuestas que le han ido haciendo al Gobierno en los últimos tres años, que se aumente la inversión en políticas activas de empleo para acrecentar la empleabilidad de colectivos que tienen especiales dificultades para acceder al mercadode trabajo, como mujeres, inmigrantes o discapacitados.

Por último, UGT y CCOO propondrán una reforma de la Ley Básica de Empleo, que data de 1980, con el fin de adaptarla a la nueva realidad española, marcada tanto por el ingreso en la UE como por la descentralización de competencias hacia las comunidades autónomas.

Actualmente, los servicios públicos de empleo están transferidos prácticamente en su totalidad, salvo Andalucía, a las comunidades autónomas, mientras que la redacción de la ley datade cuando el Inem aglutinaba todas las competencias en esta materia.

Los sindicatos quieren una modernización de los servicios públicos de empleo para que sean auténticos intermediarios entre ofertantes y demandantes de trabajo, ya que hoy en día sólo el 17 por ciento de las contrataciones se hacen a través de esos centros.