El PSOE e IU votaron a favor de la mayoría de las modificaciones introducidas en el Senado pero pidieron la votación separada en lo concerniente al subsidio agrario y los fijos discontinuos, en la que se abstuvieron para expresar su rechazo por su no exclusión del decreto.

Tras el acuerdo de hoy, las personas que han visto limitados sus derechos como consecuencia de la entrada en vigor el pasado 26 e mayo (el Gobierno aprobó el decreto el 24) de estas normas, no los verán recuperados pues no habrá retroactividad de las medidas refrendadas esta mañana.

Por parte del PSOE, Rafael Velasco se preguntó "qué va a pasar con esas personas que han tenido la mala suerte de perder su empleo durante la tramitación vergonzosa del decretazo" y apuntó que se incumple con ello el principio de igualdad recogido en la Constitución, porque no tendrá el mismo derecho quien fue despedido el 22 de mayo y los que lo etán siendo en estos días.

El diputado socialista calificó de "decepcionante" que no se haya recuperado el subsidio agrario o la mala regulación que queda para los fijos discontinuos de llamada cierta.

Para el portavoz parlamentario de IU, Felipe Alcaraz, el tema más importante es "la no restitución" del subsidio agrario, amén de otras cuestiones como las "200.000 personas que quedan en el aire" por las diversas limitaciones de derechos o la redacción "poco clara" que se da a la protección de los ijos discontinuos de llamada cierta.

Alcaraz advirtió al PP y al Gobierno de que "por tierra, mar y cielo", su coalición va a seguir luchando por la recuperación total del subsidio agrario "sin el cual no se puede vivir en el mundo rural de Andalucía".

Por parte del PNV, Inaki Txueka criticó que fruto del "decretazo" haya habido 57.000 trabajadores que desde junio han sido despedidos sin derecho a los salarios de tramitación.

El portavoz de Política Social y Empleo de CiU, Carles Campuzano, alificó de "positivas" las modificaciones introducidas en el Senado, principalmente en referencia a dos cuestiones que quedaron pendientes como la garantía de la protección de los fijos discontinuos o que el mal funcionamiento de la Justicia no supondrá un sobrecoste para las empresas.

El portavoz de Política Social y Empleo del PP, José Eugenio Azpiroz, destacó las mejoras introducidas en el Senado, "clarificando" la cuestión de los salarios de tramitación y limitando a 60 días el pago de los empresaios por este concepto, tiempo a partir del cual el coste lo asumirá el Estado.

Azpiroz añadió que el PP ha acreditado que es capaz de negociar, acordar y modificar cuando recibe propuestas constructivas de otros partidos.

Sobre las críticas recibidas por la supresión paulatina del subsidio agrario en Andalucía y Extremadura, el portavoz del PP defendió que ninguna persona que era beneficiaria del subsidio se ha quedado sin él y negó que se esté practicando una política de agravio con ambas regions.

Recordó que, según el punto 4.3 del decreto, se faculta al Gobierno a extender la protección a los trabajadores del campo en función de la tasa de paro y las posibilidades del sistema. Así se hará, explicó, a través de la Renta Activa de Inserción (RAI).

LOS CAMBIOS

La reforma se convertirá definitivamente en ley con la recuperación de los salarios de tramitación, permitiendo al empresario ahorrárselos si consigna la indemnización en las 48 horas posteriores al despido y asumiendo el Estado l coste del retraso de la Justicia.

En lo que el Gobierno no ha dado marcha atrás es en la recuperación del subsidio agrario para los jornaleros andaluces y extremeños, razón por la cual en estas regiones, y en el ámbito sindical, se considera que la "brecha sigue abierta".

Durante la tramitación parlamentaria se ha modificado el concepto de oferta adecuada de empleo, para lo cual se considerará el último contrato del parado, que deberá haber tenido una duración superior a tres meses, el nuevo pusto y contrato que se le ofrece y los medios de transporte para acceder al lugar de trabajo.

El parado dispondrá de 100 días para rechazar ofertas que el INEM considere adecuadas sin poder ser sancionado por ello y se recupera la protección para los trabajadores fijos discontinuos de llamada cierta.

Asimismo, se permite la compatibilización de la indemnización por despido con el subsidio por desempleo, sin que la primera compute como renta salvo que haya sido superior a la que establece la ley (d 45 ó 33 días por año trabajado según el tipo de despido).

En el caso de los autónomos, se les permite capitalizar parte de la indemnización por desempleo para fomentar el autoempleo, se bonifica la contratación de trabajadores indefinidos por parte de este colectivo y se reducen las cotizaciones sociales para quienes inicien proyectos de autoempleo.

Para los discapacitados, la reforma se convierte en ley con la exoneración de cotizaciones para aquellos discapacitados que sustituyan a otro que sehaya acogido a una baja temporal por incapacidad.

Además, las labores de formación de los trabajadores discapacitados psíquicos se podrán hacer en centros especiales, en lugar de en el centro de trabajo.