El Gobierno que dirige Vicente Alvarez-Areces afirma en un comunicado que el instrumento legislativo utilizado, el decreto-ley, no es adecuado, ya que en este caso no se dan los motivos de extraordinaria y urgente necesidad requeridos por la Constitución para su utilización.

Según el Gobierno asturiano, "se ha utilizado el Real Decreto Ley como un mecanismo dentro de la tensión producida con los agentes sociales" en la egociación de esta reforma.

El Ejecutivo de Alvarez-Areces argumenta, además, que la reforma "atenta contra el principio de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad", recogidos en los artículos 9, 14 y 35.1 de la Constitución.

Exlica que, al dejar en manos del funcionario del Servicio Público de Empleo el concepto de "empleo adecuado", queda en alguna medida sin garantía normativa un derecho subjetivo como es el de percibir la prestación.

Asimismo, "también deja en manos del empresariola posibilidad de que el trabajador perciba o no los salarios de tramitación en los casos de despido declarado improcedente, según que el empresario opte o no por la readmisión".

A esto se une, según el Gobierno del Principado, que la reforma "atenta contra el principio de libertad en la elección de trabajo o profesión", del artículo 35.1 de la Carta Magna, al darse la presunción de que la profesión del trabajador es la última en la que ha trabajado, obviando cualquier alternativa a la posibilidad de ue el trabajador se encuentre subempleado o que tenga interés a la mejora de sus condiciones de empleo mediante la formación.

La decisión del Gobierno de Asturias, en manos socialistas, se produce justo dos días después de que el Grupo Parlamentario del PSOE, junto al de IU y al Grupo Mixto interpusiera ante el TC su recurso.