En rueda de prensa en Valencia, Aparicio indicó que el próximo lunes se celebrará una Conferencia Intersectorial con los consejeros de Trabajo de las diferentes comunidades autónomas, que podrán aportar propuestas para la mejora del documento propuesto por el Gobierno.

En la misma línea se expresó Apariio en referencia a las posibles propuestas de la CEOE, aunque en ningún caso el Ejecutivo hablará de acuerdo, sino que se limitará a trasladar a la norma las propuestas, tanto de empresarios como de comunidades autónomas.

Sobre la negativa sindical a negociar la propuesta del Gobierno y el que UGT y CCOO hayan dado por roto el diálogo sobre esta materia, Aparicio lamentó esta ruptura y "el que no haya sido posible recibir una alternativa" de las dos centrales.

Preguntado por el texto que los sindcatos presentarán ante la opinión pública el próximo jueves, Aparicio dijo que resulta de "difícil comprensión" que una propuesta que se puede presentar ante los medios de comunicación no pueda llevarse a una mesa de diálogo.

Aparicio añadió que el Gobierno llevará adelante su reforma, pese al rechazo sindical y la amenaza de huelga general. "Nuestra voluntad inequívoca es de seguir perfeccionando" el sistema de protección por desempleo, explicó.

Según el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, es"posible incluso hacer por la vía del diálogo. Si (los sindicatos) lo dan por cerrado, eso no debe ser un obstáculo" porque el tiempo sigue pasando y en el horizonte está el objetivo de la UE de alcanzar el pleno empleo en 2010.

Lo que no quiso aclarar el ministro fue la fecha en la que su propuesta de reforma será aprobada por el Gobierno. "No tenemos previsto tomar ninguna decisión con los niveles de automatismo que parece haber en otros sitios", apuntó en referencia a la futura convocatoria de la helga general.

Aparicio volvió a reprochar a los sindicatos que no encuentren "ni una sola línea" que les interese negociar en la propuesta del Gobierno, dado que, por ejemplo, contempla la creación de un sistema de protección para todos los trabajadores del campo, independientemente de su lugar de trabajo o de su tipo de contrato, lo que era una demanda "histórica" de UGT y CCOO.