Este colectivo de eventuales andaluces y extremeños pueden acceder a esa prestación siempre que justifiquen la realización de 35 peonadas, lo que les da derecho a cobrar el paro durante 6 meses.

Para CCOO es "urgente" acabar con la discriminación que sufren más de 400.000 agricultores del resto de España, quienes, junto a las trabajadoras del servicio doméstico son los únicos que no disfrutan de ese derecho.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre el Gobierno y los agricultores se rompieron al término de la pasada legislatura. El Ejecutivo planteó introducir el desempleo contributivo agrario en toda España pero, a cambio, limitar el acceso de los agricultores andaluces y extremeños mediante una serie de controles, e incluso, se habló de la posibilidad de retirar esta opción en algunas zonas de Andalucía que ya no se consideran con la necesidad por a que se creó esta prestación.

Por su parte, los sindicatos han denunciado que el Gobierno ha dado marcha atrás en esta medida, que había sido acordada hace ya 4 años, y anunciaron que no renunciarán a derechos adquiridos.

Como contradición que denuncia el Ejecutivo, mientras el número de número de trabajadores agrarios ocupados en Extremadura y Andalucía bajó durante los últimos 8 años en un 25 por ciento, los perceptores del subsidio agrario sólo bajaron un 1,77%.