A consecuencia de una denuncia de la Asociación Libre de Abogados (ALA), todos los jueces de vigilancia de España fueron requeridos para investigar en loscentros de su competencia la existencia de estos aparatos, pero hasta el momento sólo el de Valladolid ha dado a conocer resultados positivos.

La existencia de esos aparatos de escucha, instalados de forma permanente en varios locutorios en los que los internos conversan con sus abogados, ha sido considerada ilegal por una sentencia del Tribunal Constitucional de junio del año pasado.

La sentencia del Constitucional fue dictada a raíz de un auto del juez de vigilancia penietenciaria de Valdemoro Madrid), que instó a los responsables de la prisión de Alcalá-Meco a retirar y clausurar un sistema de escuchas similar al encontrado ahora en Avila y Salamanca, por entender que "el fin no justifica los medios". Precisamente el próximo viernes comenzará el desmantelamiento de los sistemas de grabación de los locutorios de Alcalá-Meco.

En la sentencia, el Constitucional reiteraba la necesidad de que las escuchas y grabaciones de conversaciones entre presos y abogados se limitaran a casos de terrorismo tal y como exige el artículo 51 de la Ley General Penitenciaria, y previa orden judicial, con el conocimiento y consentimiento de abogado y preso en cualquier caso.

Sin embargo, según informó la Ser, Instituciones Penitenciarias, que ordenó la instalación de los sistemas en Avila y Salamanca recientemente, considera que los jueces de vigilancia penitenciaria no son competentes para decidir sobre el mantenimiento de esos aparatos, razón por la cual la Administración ha recurrido la sentencia ante el Tibunal de Defensa de la Competencia.

Desde las dos penitenciarías se afirma que su actuación ha observado en todo caso la legalidad y que los aparatos se encuentran allí por orden de Instituciones Penitenciarias, aunque han sido utilizados en contadas ocasiones.

El director de la cárcel de Brieva, en Avila, Jesús Martín Moreno, afirmó a la Cadena Ser que "desde que se instalaron en febrero del 94, los aparatos están vírgenes, y cuando vinieron el juez y el fiscal, tuvimos incluso que preguntar cóo funcionaban, para que pudieran verlo". "Nosotros no ocultamos nada. De hecho, se los enseñamos al juez y él tampoco hizo ninguna observación".

El juez de vigilancia de Valladolid aún no ha hecho público el contenido del auto que ha elaborado al respecto, aunque fuentes del juzgado señalan como muy probable que la decisión del juez sea la de clausurar los sistemas, para evitar que se vulnere el derecho a la intimidad de las comunicaciones mediante un uso arbitrario de los aparatos.

Desde la Asocación de Abogados promotora de la investigación (ALA), su portavoz, Francisca Villalba, afirmó que "Instituciones Penitenciarias ha actuado en este asunto de forma arbitraria e ilegal, y se excede de sus funciones".

"Antonio Asunción fue el primero en poner esto en marcha", dijo Villalba, "porque asumió otras funciones más allá de las que tiene la Administración, y de una política penitenciaria se ha pasado a una política policial".

Francisca Villalba aseguró tener conocimiento de muchas otras prsiones españolas en las que se utilizan indiscriminadamente aparatos de escucha como los detectados en estas cárceles, aunque de momento es imposible demostrarlo fehacientemente.