El acuerdo ha sido firmado por el secretario general para los servicios de Transportes, Manuel Panadero; el presidente de la patronal Anave, Luis de la Peña; y los representantes de los sindicatos y de cuatro navieros públicas: Repsol Naviera-Vizcaina, Campsa, Trasmediterránea y Petronor.

Los firmantes se comprometen a no abanderar más buques en puertos extranjeros hasta que negoien, antes del próximo 31 de octubre, un nuevo marco institucional competitivo para los buques que efectúan tráfico internacional.

En virtud de este compromiso se constituirá urgentemente una mesa negociadora del nuevo marco en la que participarán el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Economía y Hacienda, la representación patronal y los sindicatos UGT-MM y SLMM-CCOO. El calendario de las reuniones será fijado por la Dirección General de la Marina Mercante en el plazo máximo e siete días.

Otro punto del acuerdo establece que la Administración, los sindicatos y la patronal se comprometen a iniciar inmediatamente los trabajos para adoptar medidas que permitan la consolidación de la flota de cabotaje, que supone más del 70 por cien de la marina mercante española.

El acuerdo pone fin a la huelga iniciada el pasado 12 de junio y que debía prolongarse hasta el 12 de julio. Estaba previsto que los paros en Trasmediterránea y la flota de Campsa se iniciase el próximo viernes lo que pondría en peligro el suministro de carburantes y el paso de marroquíes hacia Africa.

La huelga afectó sólo a las navieras públicas, que también están agrupadas en la patronal del sector, Anave. La marina mercante pública cuenta con 100 buques y 4.668 trabajadores, el 55 por ciento del total.

Los paros fueron convocados principalmente para protestar por el abanderamiento de buques mercantes españoles en puertos extranjeros, estrategia a la que también han recurrido las navieras públicas cn el propósito de reducir los costes fiscales y laborales de los barcos.