Así lo afirmó Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, impulsor de esta reforma, por la que “la ley de la dependencia pasará a ser conocida como Ley de la Autonomía Personal”.

Durante su participación en el Congreso de Innovación Social 'Viaje al futuro de los apoyos', organizado por Plena inclusión España en Barcelona, Bezunartea explicó que el objetivo es facilitar “cierta flexibilidad en la regulación” que posibilite el desarrollo de pilotajes de innovación social, que precisamente por su novedad no caben en la normativa actual.

Ahora bien, se trata de que esta “desregulación”, necesaria para comprobar si una idea innovadora funciona en la práctica, se ejecute “de forma controlada y estructurada”. "El valor de la innovación social reside en su uso como herramienta para resolver los retos complejos que se nos plantean en el ámbito de las políticas sociales”, afirmó Bezunartea.

A su juicio, “todo esto sólo podemos hacerlo desde nuestra voluntad de mejorar las vidas de las personas en situación de vulnerabilidad". En esta línea, defendió “la capacitación de los equipos profesionales”, es decir, “dar a nuestras personas herramientas e instrumentos para que evalúen e incorporen” esta innovación a su práctica cotidiana.

Ello exige “generar conocimientos rigurosos” sobre el resultado (impacto positivo y problemas detectados) de los proyectos, su evaluación y su implementación, y difundirlos entre todos los agentes interesados, agregó.

Por su parte, la directora general de Autonomía Personal y Discapacidad de la Generalitat de Cataluña, Marta Segura, consideró que existen dos “elementos que dificultan la innovación social” desde la administración pública: los tiempos y la escasa recompensa al trabajo bien hecho.

“Una vez diseñados, desarrollados, evaluados y validados los proyectos de innovación, los tiempos deberían ser mucho más ágiles”, defendió. En su opinión, existen “demasiadas rigideces” que frenan la aplicación práctica de los pilotajes.

Segura lamentó que las administraciones públicas fracasan a la hora de “premiar” a las empresas o entidades que innovan y que logran un impacto social relevante. “Nos hartamos de darles premios”, afirmó, pero “a la hora de la verdad, que se nota sobre todo en la contratación, no se les está reconociendo ni el esfuerzo ni el trabajo bien hecho”.

La subdirectora de Valoración y Servicios de la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas, Olga Sala, se mostró también partidaria de sacar adelante “una normativa específica para pilotajes” que permita “más flexibilidad y agilidad” en la aplicación práctica de las innovaciones.

Con todo, consideró que “el mayor reto” reside en “cómo escalar los pilotajes”, esto es, cómo aplicarlos a gran escala. También subrayó la necesidad de evaluar todos los procesos y de comunicar sus resultados, para que las entidades y personas beneficiarias los conozcan.

El congreso, organizado por Plena inclusión España y por Plena inclusión Cataluña (Dincat) se prolongará en Barcelona hasta mañana viernes.

Contó con la intervención del irlandés John Healy, consejero delegado de Genio, organización experta en escalado social e impulsora del Fondo Catalizador Social Europeo, y de la coordinadora técnica de Plena inclusión España, Amalia San Román.

Para esta última, "la innovación social debe ir ligada a la personalización y a la inclusión en la comunidad". “Ha llegado el momento de reforzar el compromiso con la búsqueda de oportunidades más personalizadas y ajustadas a los estilos de vida de cada persona a la que apoyamos", afirmó San Román.