Según indicaron, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley enviados a la región devastada por los terremotos del 6 de febrero “han golpeado, torturado y sometido a otros malos tratos a personas sospechosas de robo y saqueo" .Una persona murió bajo custodia tras ser torturada.

En algunos casos, dichos agentes tampoco intervinieron para impedir que un grupo de ciudadanos agredieran de forma violenta a otros que consideraban sospechosos de haber cometido delitos.

Las dos organizaciones reconocieron que se han producido incidentes de robo y saqueo de viviendas y comercios tras los terremotos, “que suponen un enorme desafío de seguridad para los encargados de hacer cumplir la ley”. Sin embargo, “el derecho internacional y también las leyes de Turquía prohíben infligir tortura u otros malos tratos a personas sospechosas en ninguna circunstancia”, subrayaron.

El Gobierno turco afirma desde hace tiempo que aplica una política de “tolerancia cero hacia la tortura”, pero “tenemos informes fidedignos que indican que la policía, los gendarmes y el personal militar someten a palizas violentas y prolongadas y a detención arbitraria y no oficial a presuntos responsables de delitos”, afirmó Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch.

En su opinión, “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley consideran el estado de excepción decretado con motivo del desastre natural como una licencia para la tortura y otros malos tratos, e incluso para matar con impunidad”.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han entrevistado a 34 personas y examinado el material videográfico disponible, que registraba 13 casos de violencia perpetrada por la policía, la gendarmería y militares desplegados en la zona contra 34 víctimas masculinas. El personal de investigación escuchó relatos adicionales y vio vídeos de otras personas que sufrían brutales palizas a manos de las fuerzas de seguridad, pero no pudo corroborar plenamente estos incidentes. Entre los entrevistados, había 12 víctimas de tortura u otros malos tratos, 2 personas a las que los gendarmes habían amenazado a punta de pistola, testigos y profesionales de la abogacía.

Todos los incidentes tuvieron lugar en las 10 provincias incluidas en el estado de excepción anunciado por el presidente Recep Tayyip Erdogan el 7 de febrero y aprobado por el Parlamento dos días después. El estado de excepción durante un desastre natural concede al Gobierno poderes como promulgar decretos que ordenen el uso de recursos privados y públicos —tierras, edificios, vehículos, combustible, suministros médicos y alimentos— en los trabajos de salvamento y asistencia humanitaria, el uso de las fuerzas armadas como ayuda, el control de los horarios de apertura de los negocios en la región afectada y la restricción de entrada a la zona.