Juan Vázquez, abogado y miembro de la Liga Internacional Antiprohibicionista (LIA), denunió estos hechos y expuso como ejemplo el de un joven, cuyo nombre responde a las iniciales C.C.M., que fue multado por el Gobierno Civil de Castellón, tras la denuncia de la Guardia Civil, cuyos agentes le encontraron 7,23 gramos de hachís el pasado 30 de julio.

El denunciado reconoce en su recurso que llevaba esa cantidad de "chocolate", cuando fue requerido por la Benemérita para que mostrase la documentación, momento en el que "libre y espontáneamente entregó al agente el hachis", asegura en su escito de alegaciones.

Asimismo, expone que, ateniéndose a la legislación vigente, y a efectos de lograr la suspensión de la sanción, se puso en contacto con varios Centros de Día de Atención a Drogodependientes", a fin de "someterme a un tratamiento de deshabituación".

Según expone en su recurso, en todos los centros le informaron que "los programas eran para drogodependientes y no para gente que haya tenido una relación con el cannabis puramente circunstancial, esporádica y no sea consumidor habital".

Vázquez subrayó que la respuesta de los gobiernos civiles, a pesar de las alegaciones, es la de mantener la multa de 53.000 pesetas y no tener en cuenta el hecho de que los sancionados son consumidores no habituales y que, "con independencia del juicio moral que nos merezca el uso del hachís, entiendo que no tiene ningun efecto perjudicial sobre terceros, por lo que no debería sancionarse".

"No es otra cosa que reconocer la independencia moral de las personas, garantizar su derecho, inclusoequivocarse", concluyó el abogado y miembro de la LIA.