Según recordó el director ejecutivo del Proyecto Gran Simio, Pedro Pozas, la propuesta fue presentada por IU-ICV y apoyada por el Partido Socialista en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, "poniendo unos plazos de ejecución que se han incumplido".

Entre otras cuestiones, la proposición fijaba la adhesión del Ejecutivo al Proyecto Gran Simio en un plazo de cuatro meses y, a partir de ahí, establecía un mes para realizar los trámites necesarios para adecuar la legislación española a los principios de la asociación.

De esta manera, el Proyecto Gran Simio esperaba que "se estableciera la prohibición expresa de experimentación o investigación cuando puede producir daño a los simios", se fijaran "condiciones muy rigurosas" para su tenencia y custodia y se prohibiera su tenencia con fines comerciales o para cualquier otro tipo de espectáculo.

También pretendía el establecimiento de un tipo penal, agravado para el caso de comercio, tenencia ilegal o maltrato de simios, y que se desarrollaran compromisos de conservación en los hábitats de distribución de estos animales.

"Estas medidas no suponen ningún tipo de coste extra para la Administración y sí un avance social en la defensa de los derechos de los animales y en la protección de los grandes simios, como ya lo han hecho el Reino Unido, Nueva Zelanda, Austria y Holanda", indicó Pozas.