La decisión de la Fiscal General del Estado se fundamenta en la trascendencia y gravedad de los hechos acaecidos, que pudieran afectar a los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas, así como en la singularidad y complejidad de la investigación.

La Fiscal de Sala había elevado esta mañana comunicación solicitando la apertura de diligencias de investigación para el esclarecimiento de lo sucedido.

El pasado viernes varios miles de personas asaltaron la frontera de Melilla entre España y Marruecos a través del paso del Barrio Chino de la ciudad. En el asalto a la valla y la posterior actuación de las fuerzas policiales marroquíes murieron varias decenas de personas, cuya cifra está aún por confirmar por las discrepancias entre los datos oficiales y las estimaciones de las ONG.

La decisión de la Fiscal General se produce una vez que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez haya dejado en manos del Defensor del Pueblo el análisis de lo sucedido y después de que las autoridades españolas hayan asegurado que abrirán una investigación sobre la muerte de estas personas.

Todas estas decisiones se adoptan después de que el Comité de Naciones Unidas sobre los Trabajadores Migrantes haya exigido a España y a Marruecos una investigación para esclarecer lo sucedido y evitar “que se repitan tales tragedias”.

El órgano de Naciones Unidas asegura que "queda por establecer si las víctimas murieron al caer de la valla, en la estampida o como resultado de alguna acción de los agentes de fronteras", y sus miembros se muestran “consternados” por la muerte de quienes trataban de cruzar la frontera “en busca de una vida mejor, conforme a sus derechos humanos legítimos".

El Comité recordó "a todos los Estados que los migrantes no deben ser sujetos a ningún trato cruel, inhumano o degradante. Los Estados deben garantizar que su policía y prácticas en frontera respeten sus obligaciones de derechos humanos y garanticen el derecho a la vida y a la dignidad".

Igualmente, advirtió de que las autoridades deben ofrecer reparaciones por las violaciones de los derechos humanos ocurridas, además de preservar los restos de los muertos, informar a sus familias y hacer lo necesario para el traslado de los cadáveres, mientras que a los heridos se les debe dar atención médica hasta que estén totalmente recuperados.