Así lo dijo la subgobernadora durante su participación en una mesa junto a la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Monserrat Martínez Parera, y el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, en el encuentro anual del Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España (Finresp).

Delgado explicó que en lo que respecta a riesgos medioambientales asociados al colateral de préstamos, principalmente inmuebles, el Banco de España ha cifrado en 630.000 millones esos préstamos, de los que el 84% corresponde a inmuebles residenciales hipotecarios, y de ese importe el 64% no dispone de certificado de clasificación energética, lo que tachó de “barbaridad” y “mala praxis”.

Por ello, animó a todas las asociaciones tanto bancarias como al resto de implicados a que promuevan “conjuntamente con autoridades públicas la obtención y emisión de certificados de calificación energética”, ya que en Europa ya lo están haciendo. Delgado precisó que el Banco de España cuenta con datos muy granulares y conoce la ubicación de los inmuebles hipotecados, con lo que sabe cuáles están certificados y cuáles no. Por este motivo, dijo que hay un “muy buen punto de partida” para mejorar este panorama y apeló a un acuerdo entre las partes implicadas.

Por entidades bancarias, la subgobernadora dijo que hay “gran disparidad”, con bancos que tienen prácticamente toda su cartera certificada y una mínima parte que no lo está y bancos en la situación contraria.

Respecto a la calidad en la certificación, la gran mayoría de los que reportan es etiqueta ‘E’, de las que indican menor eficiencia energética, mientras que solo un 4% reporta etiqueta ‘A’, ‘B’ y ‘C’, que son las de mayor eficiencia. Con estos datos concluyó que, o bien las certificaciones de los inmuebles están desactualizadas o no lo están y “debemos invertir más en eficiencia energética”.

En cuanto al riesgo físico en la financiación a empresas, Delgado indicó que el 15% de esa financiación está sujeta a riesgo de incendios, incremento de temperaturas, precipitaciones e inundaciones, también con heterogeneidad por bancos.

En general, indicó que el 80% de las exposiciones en financiación para las diez mayores entidades españolas se destina a sectores calificados como altamente contaminantes cuando en Alemania se reporta solo un 50% de exposiciones a estos sectores.

2.000 EMPRESAS ESPAÑOLAS

Por su parte, la vicepresidenta de la CNMV quiso reconocer a las empresas el “esfuerzo de adaptación” a los requerimientos normativos sobre transición energética y señaló que hay “gran heterogeneidad” en los datos que reportan las sociedades sobre emisión de gases de efecto invernadero de alcance 3, aquellas que son generadas por fuentes que no son propiedad de las empresas o controladas por ellas, lo que consideró “normal” por la distinta situación de las empresas.

Martínez Parera destacó que el hecho de que algunas actividades no estén incluidas en los datos “no quiere decir que sean dañinas, sino que no están recogidas como tal”. Explicó que los estándares de la taxonomía europea “van a acabar impactando a más de 2.000 empresas” en España y 50.000 en el conjunto de la UE. Así, dijo que esas compañías van a tener que reportar sobre sostenibilidad y apeló a ayudar a las pymes para las que el reporte “es un reto”. Avisó de que la “presión supervisora va a aumentar”.

Por otra parte, la vicepresidenta de la CNMV indicó que “en los próximos días” se harán públicos los resultados de una supervisión temprana a bancos y empresas de servicios de inversión sobre las preferencias de los clientes en sostenibilidad y adelantó que los resultados “no son malos”. La CNMV ha identificado buenas prácticas y también las dará a conocer.

Por su parte, el presidente del ICO indicó que de los 40.000 millones que gestionará de la adenda al plan de recuperación, 22.000 tienen que tener etiquetado verde, de lucha contra el cambio climático.

Además, el organismo ha emitido 15 bonos verdes desde 2019, cuando lanzó el primero, por 7.550 millones. Las inversiones verdes han permitido un ahorro anual de más de 1,1 millones de toneladas de CO2 y en términos sociales la creación o mantenimiento de unos 460.000 puestos de trabajo.