Los hechos ocurrieron el pasado 23 de febrero, durante la primera marcha contra la instalación de una incineradora de residuos sólidos urbanos en Valdemíngomez.

La Delegación del Gobierno puede imponer una multa a ambas partes de hasta 500.000 pesetas, según denunciaron hoy los ecologistas.

Aedenat ha calificado la decisión de lasautoridades madrileñas como de "ilegal y discriminatoria", ya que "se trata de un intento de reprimir al movimiento ciudadano y ecologista que está organizando movilizaciones de oposición a proyectos negativos para el medio ambiente".

La organización conservacionista ha recordado que si bien la convocatoria fue realizada ante la Delegación de Gobierno por la FRAVM y en ella participaron numerosas asociaciones ciudadanas y vecinales de Rivas-Vaciamadrid y diversos partidos políticos, el expediente sóloafecta a este grupo y al presidente de la FRAVM.

Las mismas fuentes señalaron que "al depurarse responsabilidades, Prisciliano Castro y Aedenat han aparecido como los máximos responsables".

Sin embargo, los ecologistas han presentado alegaciones contra el expediente sancionador y han asegurado que fue la Guardia Civil quien cortó el tráfico, y no los participantes en la movilización, ante la masiva asistencia de manifestantes.

El pasado día 5 casi medio centenar de organizaciones celebraron a segunda marcha contra la instalación de una incineradora de residuos en Valdemingómez.

Entre los promotores de la iniciativa estaban Izquierda Unida, Aedenat, Amigos de la Tierra, Comaden, la Asociación de la Tercera Edad de Santa Eugenia, la Asociación Cultural José María Llanos y la FRAVM, entre otros grupos.