Lo hicieron en un comunicado conjunto en el que expusieron que la Ley de Memoria Democrática concreta el derecho a la investigación en su artículo 29, pero “no fija las memorias necesarias para eliminar los obstáculos a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo de acuerdo con el derecho internacional”.

A juicio de las tres entidades supradichas, “estos obstáculos legislativos demuestran poca voluntad y compromiso político para asegurar y proteger el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.

Por ello, reiteraron la pertinencia de modificar la Ley de Amnistía, incorporar el principio de legalidad en el Código Penal y garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad de acuerdo con la legalidad internacional.

A su vez, las organizaciones pidieron a Dolores Delgado que clarifique si tiene funciones y capacidades para impulsar investigaciones por los crímenes del franquismo y tomar la competencia en los procedimientos iniciados tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica.

En ese sentido, le instaron que “impulse todas las investigaciones, informe favorablemente la admisión a trámite de las querellas, apoye y no se oponga a los recursos de apelación que se puedan interponer por parte de los querellantes y, en definitiva, promueva todas las actuaciones procesales que se precisen para que las investigaciones judiciales puedan prosperar”.

En caso contrario, esas querellas “se sumarán a las más de 100 inadmitidas por los juzgados del Estado español desde 2010, dejando sin una finalidad real y efectiva la propia creación de la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática”.

Por último, manifestaron su compromiso con “la denuncia de los crímenes franquistas” y reafirmaron su exigencia del “reconocimiento del derecho efectivo a la justicia de las víctimas de la dictadura y la Transición, pese a ser conscientes de las dificultades para revertir la política de impunidad y olvido mantenida durante décadas en el Estado español”.