La Oficia del Defensor del Pueblo recibió durante el año pasado 19.713 quejas, de las que sólo el 51 por ciento fueron admitidas a trámite.

Además, abrió 114 quejas de oficio y realizó 156 visitas de inspección, de las cuales cinco fueron a unidades militares, diez a centros de intenamiento de menores, ocho a residencia de la tercera edad, 41 a cárceles, una a un centro para minusválidos, 62 a ayuntamientos y tres a centros de internamiento de extranjeros.

El informe de 1992 dedica casi cien páginas a lo derechos de los extranjeros en España y destaca cuatro quejas de ciudadanos inmigrantes a los que, aún cumpliendo los requisitos exigidos (pasaporte en regla, billete de regreso cerrado y medios económicos suficientes), no se les permitió la entrada ante la sospecha de que su pretensión real fuera la de quedarse en nuestro país para trabajar.

El Defensor del Pueblo mantiene que este tipo de incidentes pone de manifiesto que algunas personas no han podido entrar a España a pesar de que su único objetio era permanecer durante un tiempo limitado dentro de nuestras fronteras.

Por ello, resalta la necesidad de constituir una policía especializada de fronteras que contara con la formación y medios oportunos para resolver todos estos casos.

Respecto a las órdenes de expulsión dictadas, afirma que algunas de las personas afectadas estaban amparadas por el Acuerdo de Regularización, y añade que a pesar de que la legislación española especifica que los extranjeros sometidos a procedimento de expulsiónhan de ser internados en centros que no tengan carácter penitenciario, en la cárcel del Puerto de Santa María II había tres personas que ingresaron por este motivo.

El informe también menciona casos relacionados con ciudadanos españoles en los que ha existido algún tipo de irregularidad en las actuaciones practicadas por las fuerzas de seguridad y asegura que la falta de coordinación entre estas instituciones y los órganos jurisdiccionales ha motivado detenciones erróneas.

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA Dentro del marco de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Oficina del Defensor del Pueblo, que recuerda que los agentes gubernativos no podrán obligar al ciudadano a acudir coactivamente a las dependencias policiales, recibió el año pasado varias quejas.

Respecto a la imposición coactiva del reconocimiento físico, señala que el cacheo no debe comprender con carácter general el desnudo de la persona detenida, por lo que quedará restringida esta posibilidad a supuestos extremo en los que sea necesario.

Asimismo, recoge casos de vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y deja abierta la investigación sobre el establecimiento de un sistema que permita a los juzgados de vigilancia pentenciaria recabar informes de naturaleza psiquiátrica u otros complementarios con carácter previo a la concesión o denegación del permiso carcelario.

No obstante, el documento reconoce mejoras en materia penitenciaria, si bien denuncia el hacinamiento que sufren las árceles y pide que se cubran todas las plazas de jueces de vigilancia penitenciaria.

También en otros aspectos, como el silencio administrativo, percibe mejoras, recuerda que ya está regulado el acceso de los ciudadanos a archivos y registros administrativos, pero lamenta que todavía exista falta de coordinación entre administraciones.

HACIENDA

El informe anual hace mención especial de la administración tributaria, ya que la Oficina del Defensor del Pueblo recibió un importante número de quejascontra la actuación de los inspectores y su "prepotencia".

El procedimiento económico administrativo y la lentitud de estos tribunales son otros de los aspectos que han generado las críticas y denuncias de los ciudadanos.

En el apartado de malos tratos, esta institución recibió el años pasado 35 quejas, de las cuales 6 eran por novatadas en las Fuerzas Armadas.

Las denuncias relacionadas con los servicios teléfonicos que ofrecen las "lineas 903" también han abundado. El documento sostiene qu esos servicios atentaban a los derechos del menor y de los consumidores.

Los retrasos en la entrega de los D.N.I., las listas de espera de los servicios sanitarios, los pagos pendientes por la expropiación de terrenos y las infracciones urbanísticas completan el informe.