La reforma de la Ley Electoral Canaria eleva del 3 al 6 por ciento el número de votos para obtener u diputado autonómico por circunscripción regional o un 30 por ciento por circunscripción insular.

A juicio de Alvarez de Miranda, la norma impugnada se opone a los principios constitucionales que garantizan la igualdad jurídica ante la ley, el respeto a las minorías y al pluralismo político y los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

De esta forma, Alvarez de Miranda accede a la petición de Izquierda Unida, que presentó un recurso ante la aprbación del Estatuto de Autonomía de Canarias, que recogía el nuevo sistema electoral, por entender que vulneraba la Constitución.

Tanto IU como Coalición Canaria han mostrado su satisfacción por la decisión del Defensor del Pueblo. El coordinador de IU en Canarias, Segundo Martínez, cree que el Tribunal Constitucional declarará la ilegalidad del nuevo sistema electoral canario.