Así lo recoge el informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2021 que presentó este viernes en el Congreso de los Diputados Ángel Gabilondo, que lleva las riendas de la institución en sustitución de Francisco Fernández Marugán, que ocupó el cargo en funciones hasta el pasado 18 de noviembre de 2021.

Esa atención personalizada supuso prácticamente el doble que en 2002, cuando la institución atendió a 17.026 personas. De los atendidos en 2021, según el informe, 32.974 de ellos a través de llamadas telefónicas y 734 presencialmente.

En términos globales, en 2021 el Defensor del Pueblo ha gestionado un total de 29.401 expedientes que se corresponden con las 29.015 quejas de los ciudadanos, 182 actuaciones de oficio y 204 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad o de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Como consecuencia de la tramitación de las quejas y de las actuaciones de oficio, el Defensor del Pueblo ha formulado este año, ante las distintas administraciones, un total de 582 Recomendaciones y 1.139 Sugerencias.

En cuanto al tiempo medio de respuesta, el Defensor tardó 30 días en una primera respuesta al ciudadano de admisión, no admisión o petición de datos y 35 días en la resolución del Defensor tras la respuesta de la administración. Por otra parte, los tiempos medios de contestación por la administración a peticiones de información de expedientes tramitados en 2021 fueron de 51 días (63 el año anterior).

Un 22% de los expedientes de queja procedieron de la Comunidad de Madrid, aunque bajó tres puntos porcentuales respecto al año anterior. Por zonas de procedencia de las quejas, le siguen Andalucía (12%) y Comunidad Valenciana (10%). Se advierte un incremento de quejas procedentes de las Islas Canarias, que engrosó el 5,5% de todas las quejas del país, cuando el año anterior representó el 3,75% (pasó de más de mil quejas a sobrepasar las 1.500). El ejercicio estuvo marcado por la erupción del volcán de la isla de La Palma, que dejó miles de damnificados.

Por áreas de actuación, las relativas a Seguridad Social y empleo fueron las más numerosas (13,4%), seguidas de las de Administración de Justicia (11,9%), función y empleo públicos (11,6%), Sanidad (8,2%), Migraciones, emigración e inmigración (6,8%), asuntos de interior (6,6%), educación (6%), actividad económica (5,3%), servicios públicos y esenciales (4,7%), impuestos (4,2%) y política social (3,9%).