Según el Informe Anual 2008 del Defensor del Pueblo, de las admitidas, 98 corresponden a actuaciones del Ministerio de Vivienda y 55 de las comunidades autónomas. De entre estas últimas, 28 fueron por la gestión de la Comunidad de Madrid.

Las causas de las quejas son el retraso en el pago de las ayudas y en la emisión de las resoluciones a cargo de las comunidades autónomas y la interrupción del ingreso de las ayudas.

De las investigaciones realizadas por el Defensor del Pueblo, la primera conclusión obtenida es que "ninguna de las administraciones públicas concernidas ha reconocido su responsabilidad en la irregularidad considerada" y han trasladado la responsabilidad unas a otras.

El organismo que dirige Enrique Múgica considera injustificada la "inactividad" del Ministerio de Vivienda cuando surge un problema en el proceso de cobro de la ayuda.

Además, apunta que "esta falta de diligencia cobra mayor importancia por la deficiente información que se facilita a los beneficiarios en el Ministerio sobre la situación de sus expedientes".