Múgica está a favor de establecer un marco de protección para las personas afectadas porque las malformaciones derivadas de la talidomida son consecuencia de tratamientos recibidos en el sistema sanitario y, mientras que en muchos países de la UE estos afectados tuvieron una respuesta sanitaria, social y económica, en España las administraciones públicas no han adoptado ninguna iniciativa a favor de las víctimas de la talidomida.

"Esta falta de operatividad por parte de la Administración española contrasta con las iniciativas adoptadas por los ministerios aludidos en relación con otros colectivos, igualmente acreedores a una especial protección por parte de los poderes públicos, que sí han obtenido, a diferencia de las personas afectadas por la talidomida, una adecuada respuesta legal en términos de protección sanitaria, social y económica", señala en un comunicado el Defensor del Pueblo.