Según informó hoy la oficina del Defensor del Pueblo, Múgica ha formulado una sugerencia y una recomendación al delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, solicitándole la puesta e libertad de Alexandros P.G., y la no ejecución de su expulsión, "hasta tanto no se esclarezcan las eventuales responsabilidades penales por la contratación ilegal del inmigrante y por las condiciones de seguridad en que desarrollaba su trabajo".

Asimismo, el Defensor del Pueblo considera que, para una eficaz lucha contra la inmigración ilegal, resulta "imprescindible" perfeccionar los instrumentos de control sobre el mercado de trabajo.

A juicio de esta institución, resulta tan importante como e mero control de fronteras la prevención y la persecución de la contratación ilegal de inmigrantes en condiciones ilegales de seguridad, higiene o en condiciones discriminatorias.

En este sentido, subraya que las estadísticas de inspecciones realizadas durante el año pasado, que se sitúan en 4.226, "contrastan gravemente" con las proporciones de la inmigración ilegal (192.017 solicitantes de regulación en el anterior proceso).

Para paliar esta situación y favorecer la regulación de los inmigrante, el Defensor del Pueblo considera "imprescindible" que los beneficios previstos por la ley para los inmigrantes que denuncien redes de tráfico ilegal se extiendan a aquéllos que denuncien una contratación laboral en condiciones discriminatorias o ilegales en cuanto a la seguridad e higiene en el trabajo que se desarrolle, "de forma que por ese acto puedan obtener la regularización de su situación", concluye Múgica.