En respuesta a la queja presentada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), el Defensor del Pueblo recomienda al Ministerio de Presidencia la adaptación de la norma "a los principios constitucionales" y el establecimiento de "una única escala de deducciones en la facturación global de los medicamentos que se financian con fondos públicos, sea cual sea el sujeto pagador".

En su escrito al Defensor del Pueblo, el COFM denunció la discriminación que supone que dos farmacias con ventas similares, una con escala afecta al SNS, y la otra a la nueva escala de Mutualidades, ingresen al Estado, en concepto de deducción, cantidades muy distintas, por la simple concentración, en una de las farmacias, de recetas de Mutualidades de funcionarios, en zonas muy concretas.

El informe advierte, según el COFM, de que la regulación de escala de Mutualidades "puede ser contraria al principio de igualdad constitucional", ya que puede provocar discriminación entre farmacéuticos.

En opinión del Defensor del Pueblo, "no existe justificación alguna razonable y objetiva que permita al legislador la introducción de esa nueva diferenciación, menos con una norma que no tiene rango de ley".

Además de recurrir al Defensor del Pueblo, la patronal de la farmacia madrileña (Adefarma) ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto, dentro de la estrategia judicial acordada entre el COFM y Adefarma, que incluye también la vía abierta a los farmacéuticos afectados para personarse en la causa recurriendo a título individual contra las deducciones económicas establecidas en el decreto 2130/2008.