Así lo dijo durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar los informes anuales de la institución correspondientes a 2022 y 2023. Se trata de la primera comparecencia del Defensor ante la actual Comisión Mixta, constituida en diciembre del año pasado, tras iniciarse la XV Legislatura.

En el turno de réplica, el Defensor matizó a los parlamentarios que no está para "poner gobiernos ni para quitarlos", "ni para fortalecerlos"; que en su institución "no se conjugan los tres poderes". "Las quejas que yo recibo en vez de usarlas para ver cómo mejorar las usan para críticas contra las administraciones", lamentó, remarcando que habla "desde la neutralidad" de las 200 personas que trabajan en el Defensor del Pueblo, "todas con su pasado pero al servicio" de la institución. "Todos tenemos ideologías, pero en mi actuación les aseguro que no encontrarán ningún caso adoptado por ideología política con una posición partidista o sectaria", y prosiguió: "Si dejo todo de lado, ¿Qué va a quedar de mi?".

En su intervención inicial en la Comisión, Gabilondo aseguró que en los ejercicios de 2022 y 2023 los ciudadanos han solicitado a través de sus quejas mejoras en los recursos y en la gestión de los servicios públicos esenciales como la Administración de Justicia, en sanidad o en educación. “Nuestros informes muestran los principales problemas de la sociedad y las carencias en la actuación de las administraciones para afrontarlos”, afirmó, refiriéndose por ejemplo a la migración, la violencia de género, la convalidación de títulos o el informe sobre abusos en la Iglesia, sobre el que apremió a los parlamentarios para presentarlo en el Pleno del Congreso.

El Defensor incidió en que se debe facilitar y garantizar atención adecuada en las gestiones y trámites que deben realizar los ciudadanos en su relación con las administraciones, e hizo hincapié en que los procesos de digitalización tienen que ser compatibles con la asistencia presencial, para no dejar atrás a quienes, por distintos motivos, tienen dificultades para acceder a la comunicación digital u 'online'.

En los ejercicios 2023 y 2022, la institución tramitó un total de 67.055 expedientes (35.603 correspondientes al año 2023 y 31.452 al año 2022). Las quejas recibidas en dicho periodo ascendieron a 66.003, las actuaciones de oficio fueron 538 y las peticiones de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional, 514. Todos estos expedientes dieron lugar a 4.864 resoluciones dirigidas a las diferentes administraciones: 2.366 resoluciones en 2023 y 2.498 resoluciones en 2022. Los ciudadanos atendidos telefónica o presencialmente en estos dos años fueron 74.962.