En una nota de prensa, Múgica aclara que el concurso era para una plaza de catedrático de Derecho Mercantil en la Facultad de Ciencias Jurídicas y que cuando se interrumpió el segundo ejercicio, el presidente del Tribunal invitó al concursante a abandonar la sala porque "había infringido lo previsto en la norma rguladora de la prueba".

A continuación, ha relatado el afectado el "tribunal procedió a deliberar en privado. Después de hora y media, salieron los tres vocales que explicaron, tras una larga discusión, no estar de acuerdo con la actuación del presidente y de la secretaria, al haberse negado a aceptar el criterio manifestado por dichos vocales que representaban la mayoría del tribunal, favorable a reanudar la oposición en el momento en que había quedado interrumpida y se le había invitado a abandonar a sala".

Además, el concursante señala en la queja presentada ante el Defensor que los tres vocales del tribunal no pudieron ponerse en contacto ni con el rector, ni con el secretario de la Universidad, por lo que recurrieron a un notario que levantó el acta de los "hechos acaecidos".

Asimismo, comenta que "mientras esperaban la llegada del notario salieron el presidente y la secretaria del tribunal, sin hacer declaración alguna sobre la situación del interesado, ni sobre el estado de la oposició, negando a los vocales a acceder al contenido del acta, tal como ellos le solicitaron, explicando que se habían puesto en contacto con el secretario general de la Universidad, al que le iban a hacer entrega del documento notarial".

El concursante conoció el acta oficial del tribunal al día siguiente, por la Secretaría General de la Universidad, comunicándole que "observaba diversas irregularidades formales y materiales en la misma, que se refieren a que el presidente no consultó con la comisión para nterrumpir al candidato e invitarle a abandonar la sala, por lo que, a juicio del concursante, se trató de una decisión unilateral, en contra del carácter colegial del órgano.

En este sentido, el afectado entiende que "se ha conculcado el real decreto que regula los concursos para la provisión de plazas de los cuerpos docentes universitarios y el acuerdo de la comisión examinadora, adoptado por la mayoría de la misma, que consideraba que el candidato no había infringido el artículo 9.5 de dicha norma ue regula la realización del segundo ejercicio, considerando que, en consecuencia, se debía reanudar la prueba donde se había suspendido".

Además, el promotor de la queja comunica que "no se permitió hacer constar estos hechos de forma fehaciente y que en el acta firmada por el presidente y la secretaria del tribunal no se recoge el acuerdo adoptado por la comisión, ni el contenido del acta notarial.

Los hechos denunciados fueron puestos en conocimiento del rector de la Univesidad de Las Palmas e 29 de junio de 2001, por lo que se suspendieron cautelarmente las oposiciones y se abrió un plazo para presentar alegaciones. Transcurridos más de 5 meses desde la suspensión de las oposiciones, no se ha adoptado resolución alguna por parte del rectorado, lo que produce indefensión al afectado puesto que mientras no se dicte resolución del expediente, no se pueden reanudar las pruebas, ni presentar otros recursos en vía administrativa o judicial".

Por todo ello, el Defensor del Pueblo pide al rector e la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que le explique si se ha dictado resolución del expediente, así como las razones del retraso, y si "no se hubiera dictado dicha resolución, le insta a que lo efectúe en el plazo más breve posible, dadas las circunstancias que concurren en el caso".