La investigación, que se iniciará este mes, se prolongará por espacio de medio año y afectará a una de cada tres comisarías españolas. Las 'visitas' de los inspectores se realizarán sin previo aviso, con el propósito de impedir que la situación real de los departamentospueda ser alterada en beneficio de la DGP.

Las fuentes consultadas señalaron, no obstante, que el Defensor del Pueblo no pretende coger 'in fraganti' a nadie, sino recoger información adecuada que le permita, a través de un informe posterior, instar a los responsables policiales a que solucionen las deficiencias existentes.

Asimismo, el equipo de inspectores dedicará especial atención al estado de los calabozos policiales y la situación de los detenidos, por si pudieran ser objeto de tratamiento nconstitucional.

Otro de los aspectos que centrará la labor de los inspectores consistirá en evaluar las condiciones mobiliarias y de servicio a los ciudadanos en lo concerniente a los trámites que habitualmente se desarrollan, como denuncias o solicitud de documentos, así como la existencia de accesos para minusválidos en dichas comisarías.