Así lo anunció el Defensor del Pueblo regional, José Manuel Martínez, en un encuentro hoy, en Toledo, con el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, según informa el Ejecutivo que encabeza este último.

Martínez explicó que su intención es que la Oficina del Defensor del Pueblo sea algo más que un buzón de quejas de los ciudadanos y se convierta en un instrumento institucional vinculado a la mejora de la calidad de vida de las personas y a la garantía de los derechos fundamentales de todos los castellano-manchegos.