Fuentes de esta institución afirmaron a Servimedia que el texto "está siendo analizado" y apuntaron que, de momento, no se ha fijado una fecha límite para tomar una decisión sobre el texto.

El Defensor del Pueblo tiene tres meses de plazo para presentar el recurso de inconstitucionalidad a esta normativa desde el momento de su aprobación, el pasado 24 de noviembre.

La otra vía por la que CCOO puede llevar el real decreto ante el Alto Tribunal es mediante una petición cursada por al menos 50 diputados. El PP, que rechazó esta normativa, ya ha anunciado que también está estudiando presentar un recurso ante el Constitucional.