Estas son dos de las conclusiones a las que ha llegado esta institución tras la visita que la adjunta primera al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, realizó el pasado día 12 de junio, sin previo aviso, a los centros penitenciarios de Palma de Mallorca e Ibiza.

El Defensor del Pueblo informó hoy en una nota de prensa que, como es habitual en este tipo de visitas, Cava de Llano, acompañada por asesores de la institución, fue recibida por los directores de las prisiones.

La adjunta primera al Defensor visitó las instalaciones de los citados centros penitenciarios y mantuvo entrevistas con los equipos responsables de los mismos.

Asimisimo, durante su visita al interior de los módulos Cava de Llano conversó con los reclusos sobre los asuntos que espontáneamente quisieron manifestarle.

El centro penitenciario de Palma de Mallorca, ubicado en las afueras de la capital, es la principal infraestructura penitenciaria de las Islas Baleares y padece acusadamente el problema de la masificación que afecta actualmente al sistema penitenciario en su conjunto.

Diseñado para estar ocupado por un millar de reclusos aproximadamente, acoge en la actualidad a cerca de 1.800, lo que exige a los funcionarios un importante esfuerzo para mantener unas condiciones de vida adecuadas, el desarrollo de actividades de tratamiento y la necesaria seguridad.

El Defensor destaca que "el estado general del centro es bueno, en particular las zonas comunes ajardinadas, así como los talleres productivos, el desarrollo de iniciativas innovadoras como el Proyecto Oxígeno (destinado a crear un banco genético de especies vegetales autóctonas) y las gestiones para el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad".

Por su parte, del centro penitenciario de Ibiza destaca "el esfuerzo inversor que se ha realizado para reformar una prisión que data de principios de los años 80 y cuyo deterioro había podido constatarse en la anterior visita de la adjunta primera".

"El principal problema que padece este centro es la falta de instalaciones para la realización de actividades laborales, problema que viene denunciando el Defensor del Pueblo desde hace mucho tiempo", concluye esta institución.