"Los documentos clasificados a los que ha tenido acceso el Defensor del Pueblo y su equipo responden a lo que era preciso conocer sobre este asunto y, particularmente, a cotejar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI, sobre el control judicial previo de las intervenciones de las comunicaciones", detalló esta institución en un comunicado.

Gabilondo destacó el buen ejercicio de transparencia realizado por el CNI en el caso de espionaje a varios miembros del Gobierno, así como a varios políticos independentistas.

Entre sus consideraciones también recalcó que es necesario abrir un debate sobre la suficiencia del control judicial. "Los 20 años transcurridos desde la la Ley 11/2002, del 6 de mayo, y la evolución de las tecnologías en las últimas décadas, sumado a los cambios que están por venir, debe conducir a meditar sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial existente. No es lo mismo la interceptación de las comunicaciones en 2022 que en 2002, ni significará lo mismo en unos pocos años", recalcó Gabilondo.